La Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, han intervenido 850 kilogramos de almeja japonesa (‘Ruditapes philippinarum’) en la localidad sevillana de Pilas, durante una operación conjunta en un establecimiento mayorista de productos del mar. Una actuación que se enmarca dentro de la campaña especial de intensificación de controles en establecimientos de manipulación de alimentos con motivo de eventos multitudinarios como la Feria de Abril.
La incautación se produjo tras la interceptación de un transporte realizado por un ciudadano de origen portugués, que había introducido en territorio nacional 495 kilogramos de bivalvos que carecían de cualquier documento que acreditase su origen o garantizase su idoneidad sanitaria.
Tras la identificación del transportista, el siguiente paso fue la inspección del centro de depuración de bivalvos al que estaba destinada la mercancía. En el centro, se localizaron otros 350 kilogramos del mismo producto, igualmente carentes de la documentación obligatoria. La totalidad de la mercancía fue precintada y trasladada para destruirla y garantizar así su retirada del circuito de comercialización.
Esta actuación se desarrolla en el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras, que establece un conjunto de controles sistemáticos dirigidos a verificar el cumplimiento de la normativa en toda la cadena de producción y distribución de productos pesqueros. Los hechos destacados pueden considerarse infracciones graves que conllevan sanciones, conforme a la legislación vigente.
La campaña de intensificación de inspecciones, que se activa especialmente ante la celebración de eventos de gran afluencia en la provincia, como la Feria de Abril de Sevilla, quiere reforzar los controles en los establecimientos dedicados a la manipulación de alimentos. De este modo, se pretende minimizar cualquier riesgo sanitario derivado del consumo de productos no aptos, y asegurar que los alimentos puestos a disposición del público cumplen estrictamente con las garantías exigidas.
