La concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, ha insistido una vez más en la “excelente” salud de las finanzas municipales, en el transcurso de la sesión plenaria ordinaria celebrada este viernes por la Corporación municipal en la que, entre otros asuntos, se ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2024.
Un ejercicio que el Ayuntamiento de Almería cierra cumpliendo los cuatro parámetros de reglas fiscales: capacidad de financiación, regla de gasto, deuda financiera y deuda comercial, como así ha destacado Lara, con un escenario bien diferente a años anteriores. Así, ha recordado que para la liquidación del presupuesto de 2024 “rigen los límites que establecen las reglas fiscales, como así fue acordado por el Consejo de Ministros, en diciembre de 2023, fijando los objetivos de estabilidad y el techo de gasto no financieros para las administraciones públicas para el periodo 2024-2026”.
Además de las inversiones, previstas para su ejecución a lo largo de la Corporación, teniendo muchas de ellas carácter plurianual, Lara ha destacado la sucesiva reducción que viene haciendo el Ayuntamiento en el volumen de su deuda, hoy situada en un 43, 6%, o el cumplimiento respecto del periodo medio de pago a proveedores, a 31 de diciembre, de 20,43 días.
La ejecución presupuestaria, respecto de los ingresos y gastos, “vienen a reconocer una buena gestión de los recursos públicos, responsable, eficiente y eficaz”, ha insistido la concejala de Economía, significando entre los datos de la liquidación, junto al importe del superávit, cifrado en la cuantía total de 26.529.261 euros, el volumen de deuda (43,6 %) en unos niveles “totalmente asumibles, y muy por debajo de la gran mayoría de administraciones y del 110% que establece como límite la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y el dato del periodo medio de pago a proveedores, a 31 de diciembre, cumpliendo igualmente los límites establecidos y cerrado en 2021 en 20,43 días”.
Respecto del superávit, la edil popular lo ha justificado por varias razones, entre ellas, la modificación en la instrucción del cierre contable, “no admitiéndose reconocimiento de obligaciones más allá del día 30 de diciembre. Esto da lugar a que prácticamente toda la facturación de ese mes se ha imputado al ejercicio 2025, un importe aproximado de 9 millones de euros”. A ello ha sumado que, al no haber Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno no adelantó las entregas a cuenta de la Participación de Ingresos del Estado (PIE) hasta junio de 2025, incrementándolas en 10 millones de euros sobre las previsiones iniciales, y en consecuencia repercutiendo en la cuenta del superávit.
