Una banda dedicada al tráfico de personas que ofrecía viajes ilegales a Europa desde Argelia fue desmantelado por la Guardia Civil a través de la Operación denominada “Flixita”, que se llevó a cabo en febrero de 2023. Dicha organización empleaba lanchas rápidas para cruzar el Estrecho y logró introducir a más de 700 inmigrantes ilegalmente en España, utilizando la costa de Almería como meta de llegada.
Recientemente, la Audiencia de Almería ha sentenciado a 13 de los 19 miembros de la banda que fueron detenidos, entre ellos su jefe, que ha sido condenado a 6 años de prisión. Otros cinco acusados son prófugos de la justicia.
El precio por estos peligrosos trayectos en las llamadas pateras-taxi oscilaba entre 4.000 y 5.000 euros, dependiendo del tipo de servicio ofrecido. Las embarcaciones salían de Argelia y alcanzaban las costas de Almería en unos 15 minutos, haciendo de esta la ruta más utilizada y también una de las más mortíferas. En cada viaje, las mafias argelinas lograban embarcar entre 10 y 15 personas, quienes al llegar a territorio español eran escondidas en asentamientos chabolistas y luego ayudadas a continuar su ruta hacia Francia.
Además de traficar con personas, la organización transportaba en sus lanchas de regreso a Argelia artículos robados en España, como teléfonos móviles, y drogas como cocaína y anfetaminas, sustancias con escasez en el país magrebí. En el viaje de vuelta, traían a los inmigrantes ilegales.
Las investigaciones policiales revelaron que la red funcionaba de manera altamente organizada. Cada miembro tenía una tarea específica: desde recibir a los inmigrantes en las costas del Levante almeriense y Cabo de Gata, hasta coordinar su transporte a la frontera francesa. Para dificultar las acciones de las autoridades españolas, sincronizaban varias salidas de embarcaciones a la vez, con el objetivo de saturar la capacidad de respuesta de la Guardia Civil.
El líder de la red era el encargado de coordinar con las mafias argelinas los detalles de las travesías, incluyendo la fecha de salida y punto de desembarco. Tras recibir la información, distribuía las órdenes y el dinero entre los otros miembros. A su vez, algunos de los colaboradores se encargaban de alojar temporalmente a los inmigrantes en inmuebles o asentamientos de Almería y Murcia, mientras se organizaba su traslado final a la frontera francesa.
La sentencia también destaca que la organización se valía de empresas para gestionar los pagos, utilizando datos de terceros desconocidos que ignoraban el propósito ilícito de las transacciones. Estos fondos eran recibidos a través de una agencia de viajes, donde uno de los acusados trabajaba sin que el propietario de la agencia tuviera conocimiento de la actividad ilegal.
Finalmente, cuando los inmigrantes no podían cruzar de inmediato la frontera hacia Francia, la organización les proporcionaba alojamiento temporal en hoteles, cuyo dueño estaba en complicidad con la red a cambio de un pago de entre 400 y 500 euros por cada persona albergada.
