La Diputación de Almería acaba de fallar el concurso de suministro de pescado congelado durante los próximos seis meses para la Residencia Asistida de Mayores, sita en la carretera del Mamí, s/n, La Cañada. El adjudicatario ha sido la empresa PLATAFORMA FEMAR SOCIEDAD LIMITADA, de Alcalá de Guadaira (Sevilla), por un valor del contrato de 31.378,02 euros, IVA incluido, un acuerdo que podrá ser prorrogado por otros seis meses.
Otra adjudicación más de la Corporación Provincial almeriense salvo que, en este caso, la empresa sevillana suministradora de alimentos al centro de mayores almeriense acaba de ser sancionada con una multa millonaria por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una sanción por sus prácticas ilegales en el suministro de alimentos a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército en todo el país.
Junto a otras seis empresas del sector, PLATAFORMA FEMAR constituyó tres cárteles que durante años se repartieron los contratos públicos para suministrar alimentos a hospitales (algunos de ellos militares), residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército, como la Academia General Militar de Zaragoza, entre otros. El total de las multas impuestas por la CNMC asciende a 3.137.500 euros, aunque la mayor parte de la sanción corresponde a la empresa de Alcalá de Guadaira con 2,4 millones, además de otras multas menores a dos de sus directivos.
Los cárteles funcionaban mediante una suerte de subcontrataciones entre las empresas, prohibidas en la mayoría de los pliegos, a modo de subterfugio para compensarse el reparto de los lotes y cumplir con un reparto de los beneficios al 50%.
Las empresas también intercambiaron información comercial sensible sobre sus márgenes de beneficio en los contratos; los precios de oferta a un cliente privado; su zona de influencia para operar; las licitaciones a las que se iban a presentar e, incluso, la contraseña y el certificado digital para acceder a la plataforma de contratación.
Este tipo de cárteles son particularmente dañinos porque impiden el acceso de las empresas al mercado, merman la competitividad y afectan al presupuesto público.
Contra esta resolución podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.
