Que una asociación ciudadana -Unidos por Baria- haya tenido que esperar cuatro años y la intervención de un juez para acceder a un documento arqueológico que obra en poder de la Administración es un fracaso institucional de primer orden. Lo ocurrido con el yacimiento fenicio de Baria no solo cuestiona la gestión del patrimonio histórico en Andalucía, sino también el compromiso real de las administraciones con la transparencia y la defensa de un enclave arqueológico único en el Mediterráneo.
La reciente entrega a la asociación Unidos por Baria de la Memoria Arqueológica Preliminar del solar sobre el que se proyectan 24 viviendas en Villaricos llega con un retraso difícilmente justificable. El informe fue entregado a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería en 2022, pero la Administración se negó durante cuatro años a facilitar una copia a la asociación, alegando que el documento estaba protegido por los derechos de propiedad intelectual de la arqueóloga que lo elaboró. Solo una resolución judicial obligó finalmente a entregar esa documentación al considerarla una prueba necesaria dentro del procedimiento contencioso abierto por la propia asociación.
Una Administración más preocupada por blindar expedientes que por proteger el patrimonio
El problema trasciende la mera demora administrativa. Cuando una Administración custodia documentación que resulta determinante para valorar la afección de un proyecto urbanístico sobre un Bien de Interés Cultural o un enclave arqueológico de enorme valor histórico, su obligación debería ser facilitar el acceso a quienes ejercen una legítima labor de defensa del patrimonio, no dificultarlo hasta el punto de obligarles a acudir a los tribunales.
La transparencia no puede convertirse en una concesión obtenida tras años de litigios. Debe ser un principio básico de actuación pública, especialmente cuando están en juego decisiones que pueden alterar de forma irreversible un yacimiento arqueológico.
Un patrimonio irreemplazable bajo la presión urbanística
Baria no es un solar cualquiera. Se trata de una antigua ciudad de fundación fenicia, habitada durante aproximadamente catorce siglos y considerada uno de los enclaves arqueológicos más importantes del sureste peninsular por su relevancia histórica y comercial.
Precisamente por ese valor, numerosas asociaciones ciudadanas y patrimonialistas llevan meses denunciando que la construcción prevista puede afectar a una parte del antiguo puerto fenicio y reclaman una mayor protección del enclave. Las movilizaciones ciudadanas y diversos recursos administrativos y judiciales reflejan que el conflicto está lejos de ser una cuestión menor o aislada.
La justicia corrige a la Administración
Resulta especialmente significativo que haya sido un juez quien haya tenido que recordar a la Administración que una prueba esencial para un procedimiento judicial debe estar al alcance de todas las partes.
Aunque el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha suspendido temporalmente la concesión de la licencia de obras mientras se resuelven los recursos pendientes, el daño institucional ya está hecho. La sensación que transmite este proceso es la de una Administración que ha actuado con una opacidad incompatible con los principios de buen gobierno.
El patrimonio no admite segundas oportunidades
Las administraciones públicas suelen proclamar que el patrimonio histórico constituye un recurso cultural, científico y económico de primer orden. Sin embargo, esas declaraciones pierden credibilidad cuando la protección efectiva queda subordinada a largos procedimientos administrativos y judiciales.
Una vez destruido un yacimiento arqueológico, no existe posibilidad de reconstruir la información histórica que contiene. Por ello, la actuación pública debería regirse por el principio de máxima cautela, garantizando estudios independientes, plena transparencia documental y una protección preventiva suficiente antes de autorizar cualquier intervención urbanística.
El caso de Baria debería servir como punto de inflexión. No es aceptable que la ciudadanía tenga que recurrir a los tribunales para conocer documentos que afectan a un patrimonio que pertenece a todos. La defensa del legado histórico exige administraciones abiertas, diligentes y decididas a anteponer el interés general a cualquier otra consideración.
