El informe ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023’, de Andalucía Acoge supone una fuente inagotable de escandalosas y vergonzosas noticias. En los poblados chabolistas en los que trabaja Almería Acoge en el municipio de Níjar viven unas 3.537 personas, de las cuales 3.038 son hombres y 499 son mujeres. Entre estas personas se encuentran 83 menores, que están escolarizados.
Según Andalucía Acoge, los migrantes sufren una vulneración de sus derechos básicos que tiene como origen “el no reconocimiento de la vecindad” (es decir: se les pone todo tipo de problemas para incluirlos en el censo municipal, con el fin de impedir su acceso a derechos básicos).
El caso de Níjar
El principal problema que enfrenta la población migrante residente en Níjar es la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales, tales como derechos laborales, acceso a la vivienda, sanidad y de movilidad segura. Existen diferentes tipos de asentamientos, como chabolas, asentamientos verticales y cortijos abandonados. Una de las principales barreras administrativas es la falta de empadronamiento, que es fundamental para el acceso a servicios básicos.
La población migrante en esta zona no tiene un carácter temporero, sino que se ha convertido en una presencia permanente. “Esto agrava la situación porque las soluciones habitacionales a medio y corto plazo no responden a sus necesidades de vivienda”, explican.
Según la ONG, se ha estandarizado el pago de cinco euros por hora trabajada, y en las pequeñas explotaciones agrícolas el incumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras es más frecuente. Consideran que el deterioro en la calidad de vida de las personas migrantes ha aumentado debido a su situación de exclusión social: “Este fenómeno de segregación no solo margina a estas personas, sino que también activa el ciclo de la exclusión, incentivando actitudes discriminatorias y xenófobas dentro de las poblaciones locales”. Y todo ello ocurre a pesar de que muchas de estas situaciones pueden suponer la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores y deberían ser perseguidos de oficio por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Propuestas
Entre las propuestas de actuación, Andalucía Acoge insta a reforzar la coordinación entre todos los agentes clave; garantizar el acceso al padrón cumpliendo con la Ley de Bases de Régimen Local; “cambiar la lógica” de los desalojos por realojos que vayan acompañados de una “alternativa habitacional digna”, y acometer medidas de urgencia para facilitar el acceso a recursos básicos como el agua, la electricidad y el transporte.
También piden diferenciar las actuaciones dirigidas a las personas que viven de manera estable en los asentamientos (necesidad de viviendas estables) de aquellas dirigidas a las personas que están de manera temporal durante la campaña; además de reforzar la construcción de recursos habitacionales y ampliar el parque de viviendas sociales.
Además, solicitan programas de apoyo a la inclusión social y cultural, aumentar las inspecciones de trabajo en las explotaciones agrícolas, promover una regulación especial de las personas que se encuentran actualmente trabajando de manera irregular, impulsar campañas de información y sensibilización, y crear canales y recursos de denuncia, entre otros.
