El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se apresuró en las navidades del año pasado a echar tierra a la denuncia que hacían 12 trabajadores indocumentados, que habían sido atropellados por el encargado de una finca agrícola de Níjar, donde trabajaron durante meses, explotados, sin contrato y sin alta en la Seguridad Social.
El vídeo del atropello se hizo viral y tuvo gran repercusión en los medios de comunicación. Sin embargo, según denuncia el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), el delegado, “lejos de ordenar una investigación rigurosa, para contrastar si el atropello del vídeo existió y en qué contexto se había producido, se apresuró entre langostino y langostino navideño, a tapar el estercolero laboral de los campos de Almeria”.
Y no solo eso: los trabajadores atropellados, después de haber sufrido esa situación de violencia, pocos días después fueron citados por la Guardia Civil de Níjar, por una denuncia del encargado de la finca. Según el SOC “La misma Guardia Civil que no había profundizado en investigar que había pasado el día del atropello y en qué contexto, (había indicios serios de que podía existir un presunto delito contra los derechos de los trabajadores), en un exceso de celo, detuvo a dos de los trabajadores atropellados. Las formas de algunos de los agentes de la Guardia Civil de Nijar actuantes, causaron indignación y vergüenza en las personas que acompañamos ese día a los trabajador@s”.
Pero el SOC de Almeria realizó el trabajo de investigación que correspondía a los Servicios Policiales: “Investigamos referencias catastrales, fotos de satélite, entrevistas con vecinos de la zona, entramados societarios, visualización y audicion de una cantidad enorme de grabaciones que tenían los trabajadores, también sus testimonios, todo esto sirvió para aclarar lo acontecido”. Fruto de esta investigación se presentaron una denuncia penal, en los juzgados de Almeria y otra en los juzgados de lo social para demostrar la relación laboral de los 12 trabajadores indocumentados.
Y estas denuncias ya han dado sus primeros frutos: El Juzgado de lo Social nº 6 de Almeria ha sentenciado que los 12 trabajadores trabajaban sin contrato y sin alta en la Seguridad Social, en la finca donde se produjo el atropello. Además, esta sentencia refuerza la vía penal, afianzando el presunto delito contra los trabajadores.
En este caso, la sentencia no solo da la razón a los trabajadores migrantes y al SOC, sino que también pone de manifiesto la ineficiencia de la Guardia Civil para perseguir determinadas infracciones y la ineptitud del Delegado del Gobierno en Andalucía.
