Las declaraciones del concejal del PP en El Ejido, Manuel Martínez, respaldando con ironía las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre los manifestantes de la Puerta del Sol, retratan una forma de hacer política que prefiere ridiculizar la protesta social antes que afrontar la emergencia habitacional. Calificar de «vagos» a quienes reclaman una vivienda digna es una falta de respeto a miles de ciudadanos que exigen soluciones a un problema que condiciona sus vidas.
El PP vuelve a mostrar su distancia respecto a una realidad que padecen jóvenes, familias trabajadoras y personas que, aun teniendo empleo, no pueden permitirse alquilar una vivienda sin comprometer buena parte de sus ingresos. En lugar de escuchar sus reivindicaciones, algunos de sus representantes optan por la burla y por presentar la protesta como una muestra de pereza.
La actitud resulta especialmente grave cuando procede de cargos públicos. Quienes representan a la ciudadanía deberían comprender que manifestarse ante la imposibilidad de acceder a una vivienda no es hacer el vago: es ejercer un derecho democrático frente a una situación que exige respuestas políticas urgentes.
El problema no es que la gente proteste, sino que cada vez más personas tengan dificultades para encontrar un hogar asequible. Y ante esa realidad, el PP debería explicar qué medidas propone para ampliar la vivienda pública, frenar los abusos del mercado allí donde se producen y garantizar que el derecho constitucional a una vivienda digna no quede subordinado exclusivamente a la capacidad económica.
La referencia de Martínez a los invernaderos de El Ejido tampoco mejora sus declaraciones. Utilizar el trabajo agrícola como recurso para ridiculizar a los manifestantes resulta desafortunado y transmite un mensaje de desprecio hacia una movilización ciudadana legítima. El trabajo merece respeto, pero también lo merecen quienes reclaman condiciones de vida dignas.
No se puede invocar constantemente el esfuerzo individual y, al mismo tiempo, despreciar a quienes denuncian que trabajar ya no garantiza poder emanciparse, formar un hogar o vivir cerca del lugar donde desarrollan su actividad profesional. La vivienda no puede convertirse en un lujo reservado a quienes cuentan con patrimonio familiar o salarios elevados.
Las palabras del concejal encajan en un discurso político que desplaza el foco desde las dificultades materiales de la población hacia la descalificación de quienes las denuncian. Pero los insultos y las ironías no rebajan los alquileres, no construyen vivienda pública ni ofrecen alternativas a las personas expulsadas del mercado residencial.
La responsabilidad del PP no consiste en burlarse de quienes se movilizan, sino en responder por sus propias políticas y presentar soluciones concretas. En materia de vivienda, la ciudadanía necesita compromisos verificables, presupuestos y medidas eficaces, no lecciones de moralidad dirigidas a quienes sufren el problema.
Quienes acampan y se manifiestan en la Puerta del Sol y en otros lugares de España no merecen ser tratados como vagos. Merecen ser escuchados. Y un partido que aspira a gobernar para toda la ciudadanía debería empezar por respetar a quienes reclaman que un derecho reconocido por la Constitución sea también una realidad en sus vidas.
