La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales cuestiona el incremento de las ayudas públicas a la promoción taurina mientras Andalucía afronta importantes necesidades en vivienda, sanidad y dependencia. La organización reclama transparencia sobre las partidas presupuestarias de 2027 y un estudio actualizado que permita conocer el interés real de la ciudadanía por los espectáculos taurinos.
El principal motivo de las críticas de ASANDA es la modificación de las condiciones de financiación de las actividades taurinas municipales. En concreto, la Orden de 5 de mayo de 2026 elevó del 50% al 80% el porcentaje máximo de subvención que pueden recibir los ayuntamientos integrados en la Red de Municipios Taurinos de Andalucía.
Este cambio supone que las administraciones locales pasan a asumir únicamente el 20% del coste de las acciones de promoción taurina, frente al 50% que debían aportar anteriormente. Para la asociación animalista, esta decisión merece una explicación, especialmente en un contexto en el que siguen existiendo importantes demandas sociales relacionadas con el acceso a la vivienda, la atención sanitaria y los servicios de dependencia.
El respaldo social a la tauromaquia, en cuestión
ASANDA considera que cualquier decisión sobre la asignación de recursos públicos debe estar respaldada por datos objetivos sobre las necesidades y preferencias de la población.
En este sentido, la organización señala que las últimas encuestas disponibles sobre Andalucía situaban el desinterés por las corridas de toros en torno a dos tercios de la población, porcentaje que superaría el 85% entre los jóvenes. Asimismo, sostiene que los datos de asistencia indican que más del 90% de la ciudadanía no acude a espectáculos taurinos.
A partir de estos indicadores, la asociación cuestiona que la promoción de la tauromaquia pueda presentarse como una prioridad general de la sociedad andaluza y reclama al Ejecutivo autonómico que haga públicos los estudios, encuestas e informes que justificarían esta política de financiación.
Cuatro exigencias al Gobierno andaluz
La organización ha planteado cuatro demandas concretas a la Junta de Andalucía.
En primer lugar, solicita que el Gobierno autonómico demuestre, mediante datos y fuentes verificables, que la tauromaquia constituye una prioridad para los andaluces, haciendo públicos los estudios o informes en los que fundamenta esa consideración.
También reclama la elaboración y publicación de un estudio de opinión actualizado que permita conocer el interés de la ciudadanía por los espectáculos taurinos y, especialmente, su posición respecto a la utilización de dinero público para financiarlos.
La tercera petición se centra en la transparencia presupuestaria. ASANDA exige conocer la cuantía total que los presupuestos de 2027 destinan a la promoción de la tauromaquia, incluyendo las ayudas vinculadas a la Red de Municipios Taurinos, así como la variación de estas partidas respecto al ejercicio anterior.
Por último, pide explicaciones sobre los criterios que han llevado a elevar del 50% al 80% la financiación pública de estas actividades municipales, mientras otras necesidades sociales continúan requiriendo recursos adicionales.
Reorientar los recursos hacia las necesidades sociales
La asociación considera que la defensa de las prioridades de la ciudadanía debe traducirse en decisiones presupuestarias coherentes con las necesidades colectivas. Por ello, plantea que los fondos destinados a la promoción taurina se reorienten hacia políticas de vivienda, sanidad, dependencia y cultura con una participación social más amplia.
ASANDA reclama, además, transparencia durante toda la tramitación parlamentaria de los presupuestos andaluces, de manera que los representantes públicos y la ciudadanía puedan conocer el destino de estas subvenciones y evaluar los criterios utilizados para concederlas.
La organización resume su posición en una exigencia dirigida al Ejecutivo autonómico: si la tauromaquia debe recibir una parte de los recursos públicos, la Junta tiene que justificar con datos el interés social que atribuye a esa actividad y explicar por qué considera prioritario financiarla.
El debate planteado por ASANDA vuelve a situar sobre la mesa una cuestión de fondo: qué actividades deben recibir financiación pública y con qué criterios deben distribuirse los recursos de todos los andaluces.
