La Asamblea Regional de Murcia rechaza la mayor parte de una iniciativa que pretendía reforzar la vigilancia náutica, controlar las empresas de alquiler de motos acuáticas y proteger las zonas de baño y los fondos marinos más sensibles. Solo salen adelante dos medidas: elaborar un mapa de los hábitats vulnerables y reclamar más efectivos de vigilancia marítima.
La protección del Mar Menor ha vuelto a enfrentar a los grupos políticos en la Asamblea Regional de Murcia. El Partido Popular y Vox han unido sus votos para rechazar la mayor parte de una iniciativa presentada por Podemos que pretendía establecer nuevas limitaciones a la circulación de motos de agua y reforzar el control de las actividades motonáuticas en la laguna.
La propuesta, debatida el 5 de noviembre en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, respondía a una reivindicación ciudadana respaldada por más de 32.000 firmas recogidas por la plataforma Abracemos al Mar Menor. El objetivo era poner orden en una actividad que, especialmente durante los meses de verano, genera conflictos por la concentración de embarcaciones, la circulación a gran velocidad cerca de las zonas de baño y la presión sobre espacios de especial valor ecológico.
La iniciativa, que nació al calor de la prohibición de la navegación de estas embarcaciones en el Parque Natural del Cabo de Gata, defendía una actuación coordinada entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central para garantizar tanto la seguridad de los usuarios como la conservación de uno de los ecosistemas lagunares más importantes de Europa.
La Isla del Ciervo, uno de los puntos más afectados
Durante el debate, la diputada regional de Podemos, María Marín, puso el foco en la situación de determinados enclaves del Mar Menor, especialmente en las inmediaciones de la Isla del Ciervo, donde se producen concentraciones multitudinarias de embarcaciones. La parlamentaria denunció la circulación de motos acuáticas a gran velocidad, su aproximación a las zonas utilizadas por los bañistas y el acceso a espacios ambientalmente sensibles.
También advirtió de los posibles vertidos de combustibles y aceites, las alteraciones que puede provocar la actividad náutica sobre las praderas marinas y la presión sobre especies y hábitats protegidos.
Los datos de Capitanía Marítima aportados durante la sesión reflejan la dimensión del problema: entre enero y agosto de 2026 se tramitaron 221 denuncias por infracciones náuticas, de las que 102 correspondieron a usuarios de motos acuáticas. «El Mar Menor no es un circuito de carreras ni un espacio donde todo vale», defendió María Marín, que insistió en que el derecho a disfrutar de la laguna no puede ejercerse poniendo en peligro a otras personas ni deteriorando un ecosistema que necesita medidas de protección.
Un plan anual de vigilancia que no ha conseguido el respaldo parlamentario
Uno de los principales puntos de la iniciativa era la creación de un Plan Especial de Vigilancia Náutica del Mar Menor, que debería aprobarse cada año antes del 1 de marzo. El documento establecería los medios materiales y humanos disponibles, los horarios de vigilancia, las zonas prioritarias de intervención y los mecanismos de coordinación entre el Gobierno regional, Capitanía Marítima, Guardia Civil, ayuntamientos y policías locales.
Podemos también reclamaba un mayor control de las empresas que alquilan motos de agua desde los puertos autonómicos, así como el refuerzo de las sanciones por aquellas infracciones cuya competencia corresponde a la Administración regional. En el ámbito estatal, la propuesta planteaba modificar el Real Decreto 118/2024 para introducir restricciones adicionales a la navegación motonáutica fuera de los espacios expresamente habilitados.
Sin embargo, estas medidas no encontraron el respaldo de PP y Vox, que rechazaron ampliar las restricciones sobre esta actividad.
Por su parte, el PSOE respaldó buena parte de las propuestas de Podemos, aunque manifestó discrepancias sobre la necesidad de modificar la normativa estatal.
Dos medidas ambientales sí consiguen salir adelante
Aunque la mayor parte de la iniciativa fue rechazada, dos de sus propuestas consiguieron superar la votación al presentarse como puntos independientes.
La primera contempla la elaboración de una cartografía pública y georreferenciada de las praderas marinas, los fondos sensibles y las zonas donde se encuentran las poblaciones de nacras. Esta herramienta permitirá identificar los espacios de mayor vulnerabilidad ecológica y disponer de información para orientar las medidas de protección.
La segunda reclama al Gobierno central que refuerce los efectivos de Capitanía Marítima y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, especialmente durante los meses de mayor actividad turística. Se trata de dos medidas que pueden contribuir a mejorar el conocimiento y la vigilancia del ecosistema, aunque no incorporan las restricciones adicionales a las motos de agua que reclamaban los colectivos ciudadanos.
Tras la votación, María Marín criticó la posición del Partido Popular y denunció que la protección de la laguna siga condicionada por las discrepancias entre administraciones sobre quién debe asumir cada responsabilidad. La diputada recordó que su formación también ha defendido la declaración del Mar Menor como Parque Regional, una propuesta que anteriormente fue rechazada por PP y Vox.
Según argumentó, esta figura de protección permitiría elaborar un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales con medidas más estrictas, incluida la posibilidad de prohibir determinadas actividades motonáuticas, como sucede en otros espacios naturales protegidos, entre ellos el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La controversia evidencia las dificultades para establecer un modelo de regulación que compatibilice las actividades recreativas con la conservación de los hábitats y la seguridad de quienes utilizan la laguna.
Las más de 32.000 firmas recogidas por Abracemos al Mar Menor reflejan que la preocupación por esta cuestión ha trascendido el ámbito de las organizaciones ecologistas y ha llegado a una parte importante de la ciudadanía.
