Casi en el fin de la legislatura, el Gobierno Progresista sigue dando juego. La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el decreto que incorpora medidas de protección para los inquilinos, ayudas para acceder a la primera vivienda y nuevos instrumentos para impulsar el alquiler asequible. Una batería de iniciativas que puede beneficiar a miles de residentes en la provincia, especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y personas con dificultades para acceder a un hogar.
El acceso a una vivienda digna y a un precio razonable continúa siendo uno de los principales retos sociales y económicos de la provincia de Almería. La subida de los precios, las dificultades para reunir los ahorros necesarios para comprar y la competencia por las viviendas disponibles en determinadas localidades afectan especialmente a jóvenes, trabajadores y familias con rentas medias y bajas.
En este contexto, la convalidación por la Diputación Permanente del Congreso, el pasado 12 de noviembre, del Real Decreto-ley 29/2026 supone un paso importante al mantener en vigor un conjunto de medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos, facilitar el acceso a la propiedad y ampliar la oferta de vivienda asequible.
Qué partidos apoyaron el decreto y cuáles votaron en contra
La norma salió adelante con 35 votos favorables y 34 en contra, en una votación muy apretada, que evidenció la división política sobre las medidas para intervenir en el mercado residencial. La convalidación contó con los votos favorables del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Podemos y Bloque Nacionalista Galego (BNG). En el lado contrario se situaron el Partido Popular (PP), Vox y Junts, que votaron en contra de la norma.
Conviene distinguir esta votación de la celebrada sobre el segundo decreto de vivienda, que planteaba establecer la renovación automática de los contratos de alquiler durante determinados periodos y contemplaba indemnizaciones para los inquilinos en ciertos supuestos. Esta segunda iniciativa fue rechazada. El PNV, que había apoyado el decreto de medidas generales, se sumó en esta ocasión al voto contrario de PP, Vox y Junts.
Por tanto, no todas las medidas inicialmente planteadas por el Gobierno han salido adelante. La convalidación se refiere al Real Decreto-ley 29/2026, que reúne las disposiciones de protección residencial y ampliación de la oferta de vivienda asequible.
Medidas que pueden beneficiar a los inquilinos de Almería
Uno de los aspectos más relevantes para quienes viven de alquiler es la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2028.
La medida permite mantener las condiciones del contrato durante ese periodo adicional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, entre ellos estar al corriente del pago de la renta. No se trata de una prórroga automática para todos los contratos, sino de un derecho sujeto a las condiciones previstas en la normativa.
También se establece una limitación extraordinaria de las actualizaciones anuales del alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027. Cuando la renta supere el límite máximo aplicable conforme al sistema de índices de referencia, no podrá incrementarse. En los demás supuestos, si no existe un nuevo acuerdo entre las partes, la subida no podrá superar el 2%.
Estas disposiciones pueden proporcionar mayor estabilidad a los hogares almerienses que viven de alquiler y facilitar la planificación de sus gastos durante los próximos meses.
Más transparencia y garantías frente a los alquileres temporales
La nueva normativa introduce cambios para evitar que los contratos de temporada se utilicen para encubrir alquileres que realmente responden a necesidades de vivienda permanente. A partir de ahora, los contratos temporales deberán acreditar una causa real que justifique su duración limitada. Cuando no exista esa justificación, el arrendamiento podrá considerarse de vivienda habitual, con las garantías correspondientes.
La regulación también establece que la suma de los alquileres por habitaciones no podrá superar el precio que correspondería al arrendamiento de la vivienda completa. Se trata de una disposición especialmente relevante en aquellos municipios donde la escasez de oferta residencial y la presión turística pueden favorecer fórmulas de alquiler que encarecen el acceso a una vivienda completa.
Además, la publicidad de los alquileres deberá ofrecer información más transparente sobre los precios de referencia, los límites legales aplicables y la condición de gran tenedor del propietario cuando corresponda.
Un préstamo de hasta 50.000 euros para comprar la primera vivienda
Otra de las iniciativas que puede resultar especialmente interesante para la población joven y las familias que desean establecerse en la provincia es el mecanismo de financiación denominado «TU CASA». Gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), contempla préstamos sin intereses ni comisiones para facilitar la adquisición de la primera vivienda habitual hipotecada. La financiación podrá alcanzar el menor importe entre el 20% del valor de la vivienda y un máximo de 50.000 euros. Una de sus características es que no establece un límite de edad, por lo que no queda restringido exclusivamente a los jóvenes.
La finalidad es ayudar a quienes tienen capacidad para afrontar una hipoteca, pero encuentran dificultades para reunir el ahorro necesario para la entrada. No obstante, su puesta en funcionamiento y las condiciones concretas para solicitarlo deberán desarrollarse mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. Las viviendas adquiridas mediante este mecanismo tendrán que destinarse a residencia habitual y quedarán sujetas a limitaciones permanentes de precio en futuras transmisiones, con el objetivo de evitar que la financiación pública termine favoreciendo operaciones especulativas.
Protección para las familias vulnerables y más vivienda asequible
El decreto amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a determinados procedimientos de desahucio cuando las personas afectadas se encuentren en situación de vulnerabilidad y carezcan de una alternativa habitacional.
También incorpora un mecanismo extraordinario para los procedimientos de desahucio por impago cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad económica. La Administración dispondrá de un plazo máximo de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o hacerse cargo de las cantidades reclamadas en los términos establecidos por la ley.
La norma contempla, además, incentivos fiscales para propietarios que destinen sus viviendas al alquiler asequible y medidas para reforzar el parque público de vivienda, con especial atención a que los inmuebles financiados con recursos públicos mantengan su carácter protegido.
Almería necesita aprovechar estas herramientas
La dimensión del problema en la provincia queda reflejada también en la evolución de los precios. Según el índice de alquiler de idealista, el precio medio de oferta en la provincia de Almería se situó en octubre de 2026 en 9 euros por metro cuadrado, un 5,3% más que en el mismo mes del año anterior. Se trata de precios anunciados en el portal inmobiliario, no de una estadística oficial de contratos efectivamente firmados, pero permiten observar la presión que soporta el mercado residencial.
La situación presenta diferencias importantes entre municipios. En las zonas costeras con elevada actividad turística, la competencia entre el uso residencial y otros usos de alojamiento puede dificultar que trabajadores y familias encuentren una vivienda estable. En otros municipios, la falta de oferta de alquiler y las dificultades para acceder a financiación también condicionan las posibilidades de emancipación.
Por ello, las medidas estatales pueden representar una oportunidad que las administraciones deben aprovechar para reforzar las políticas de vivienda en Almería. La aplicación efectiva de las nuevas disposiciones, el desarrollo del mecanismo de financiación para la primera vivienda y la colaboración entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos serán fundamentales para que sus efectos lleguen a la ciudadanía.
La provincia necesita incrementar su oferta de vivienda pública y protegida, movilizar inmuebles vacíos hacia el alquiler residencial y facilitar que quienes trabajan y desarrollan su proyecto de vida en Almería puedan seguir haciéndolo sin que el coste de la vivienda se convierta en un obstáculo insalvable.
La convalidación del decreto no resuelve por sí sola el problema habitacional, pero mantiene en vigor nuevas herramientas que, bien desarrolladas y aplicadas, pueden contribuir a mejorar la estabilidad de los hogares, facilitar el acceso a la primera vivienda y avanzar hacia un mercado residencial más asequible.
