Más de 7.000 migrantes que viven en los asentamientos de infraviviendas de Almería, muchos de ellos en el término municipal de Níjar, no pueden acceder a otra alternativa habitacional, según el informe denominado «Frontera Sur 2025», de la Asociación de Protección de los Derechos Humanos de Andalucía.
A pesar de trabajar hasta 12 horas diarias en la recolección y el tratamiento de frutas y verduras en la zona, esta realidad es invisibilizada por las instituciones y una industria millonaria. Aquí conviene recordar que el campo almeriense obtuvo de sus exportaciones un beneficio de 3.380 millones de euros en 2024, como anunciaba el subdelegado del Gobierno y dirigente socialista, José María Martín, que calificó a la agroindustria almeriense como “esencial y un buen ejemplo”.
Sin embargo, los colectivos de defensa de los derechos humanos llevan años denunciando la “continua vulneración de derechos humanos” en la que viven estas trabajadoras y trabajadores y la condición de “esclavitud a las que son sometidos”. Esta es la realidad oculta, según estas asociaciones: “Precariedad laboral, abusos patronales, largas jornadas e imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas”.
Por ello, decenas de entidades en Almería y Huelva, donde existen decenas de asentamientos, se movilizan continuamente, como el pasado domingo 13 de marzo, para denunciar esta situación. Y anuncian que estas convocatorias se seguirán repitiendo en las próximas semanas.
En Almería, la movilización se ha organizado por la Plataforma Derecho a Techo, compuesta por decenas de entidades sociales y sindicatos: “Mientras la agroindustria capitalista bajo plástico no deja de expandirse y generar millones en beneficios, los jornaleros que sostienen el negocio son abandonados a su suerte”, exponen.
Níjar: un triste ejemplo
En Níjar, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, un 47,19% de los vecinos son inmigrantes; sin embargo, lejos de emprenderse políticas inclusivas y de solidaridad social, que los tengan en cuenta como ciudadanos, tanto la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Níjar los abandonan a su suerte.
Según las entidades de protección de los derechos humanos, el continuo atropello de los derechos humanos en los asentamientos y centros de trabajo, así como el racismo social que se respira en algunas de las localidades que componen Níjar, forma parte de la realidad.
Muy al contrario: Las personas migrantes, gracias a las cuales sobrevive y se desarrolla la industria agroalimentaria del municipio, siguen sin contar con un plan para solucionar esta situación de vulneración de derechos que lleva anclada décadas en Almería.
