La portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Níjar, Esperanza Pérez, ha informado que su grupo impugnará la reciente subida de tarifas del suministro de agua en el municipio. Según Pérez, esta medida forma parte de un plan que limita los derechos de los nijareños sobre el agua. «Ya han convertido la sanidad en un negocio, entregando la salud de nuestros mayores a grandes corporaciones donde luego colocan a los defenestrados del PP. Ahora quieren hacer lo mismo con el agua, transformándola en un negocio privado. Para ello necesitan a personas manejables, como el actual alcalde de Níjar, en cargos clave como la presidencia de la Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Campo de Níjar. Lo necesitan ahí para maniobrar sin oposición en el reparto del agua desalada de Rambla Morales o Mar de Alborán, gestionada por Aqualia,» denunció Pérez.
Para la portavoz socialista, esta maniobra responde a un plan cuyo objetivo es apoderarse del agua que, por derecho, corresponde a la comarca. «En Níjar sabemos sumar: dos más dos son cuatro. El actual alcalde llegó al poder gracias a la ultraderecha, y lo primero que hizo fue transferir dos millones de euros a la adjudicataria del agua, Aqualia, alegando la necesidad de retirar beneficios de la empresa mixta municipal Emanagua. Luego, como compensación adicional, prorrogó la concesión por varios años, volviendo a convertir a los nijareños en rehenes de un contrato que nadie puede asegurar que sea el mejor. Curiosamente, es la misma empresa que gestiona Rambla Morales y Mar de Alborán. En medio de todo esto, de repente, el alcalde comienza a presionar al sector agrícola para que lo nombren presidente de la Comunidad de Usuarios. ¿Quién tiene tanto interés en esto, el PP o Aqualia? Está claro que no sirve a los intereses del campo ni de los nijareños,» explicó Pérez.
Ante esta situación, el primer frente de batalla será frenar con todos los medios legales y procedimentales la subida del precio del agua. El PSOE considera que el PP de Níjar ve en la subida del agua su peculiar pozo, del que obtener los recursos que necesitan para cubrir sus aspiraciones políticas en la comarca a costa de los ciudadanos. Pérez argumenta que el procedimiento de revisión tarifaria vulnera principios legales básicos, ya que carece de informes técnicos independientes, como exige la normativa vigente y la jurisprudencia.
El PSOE fundamenta su postura en la sentencia 716/2017 del Tribunal Supremo, que establece que cualquier modificación de tasas municipales debe estar avalada por un informe técnico-económico emitido o ratificado por funcionarios municipales cualificados. En este caso, Pérez denuncia que tanto la «Memoria Económica» como el «Informe Económico Financiero» fueron elaborados únicamente por la concesionaria del servicio, EMANAGUA, y su socio tecnológico Aqualia, sin intervención de técnicos municipales.
