El pasado 14 de diciembre, un grupo de 12 trabajadores agrícolas acudió a la sede de una empresa agrícola de Níjar para reclamar sus salarios. Según ha informado el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) de Almería, los jornaleros habían estado trabajando bajo el plástico de los invernaderos en condiciones de explotación laboral, sin contratos, sin alta en la Seguridad Social y con jornadas laborales que, según la denuncia, superaban las 60 horas semanales.
Ante la negativa del empresario a ofrecer explicaciones, los trabajadores solicitaron la intervención de la Guardia Civil. El empresario intentó abandonar la zona, arremetiendo con su coche contra los trabajadores que intentaron impedir su huida, causándoles diversas lesiones. El sindicato no ha precisado el alcance ni la gravedad de estas lesiones, ni tampoco ha informado cuantos trabajadores resultaron afectados.
Todavía no se ha confirmado si la Guardia Civil ha procedido a la detención del empresario ni si se han iniciado actuaciones judiciales contra él. Tampoco se ha emitido comunicado alguno por parte de la empresa implicada.
No es un hecho aislado
El incidente de Níjar refleja un patrón que, según sindicatos y organizaciones de derechos humanos, se repite en los campos agrícolas de Almería. La falta de contratos legales, la ausencia de alta en la Seguridad Social y las jornadas laborales que superan las 10 horas diarias son parte de la denuncia habitual que hacen las organizaciones como el Sindicato de Obreros del Campo. La diferencia, en este caso, radica en la violencia física directa que, según el sindicato, se produjo cuando el empresario arremetió con su coche contra los trabajadores. Este hecho, de confirmarse en sede judicial, podría encuadrarse como un delito contra la integridad física e incluso como un delito contra los derechos de los trabajadores.
Desde el SOC, se ha denunciado la situación de indefensión en la que se encuentran los trabajadores agrícolas. La ausencia de contrato no solo les priva de sus derechos laborales, sino que también les deja en una situación de vulnerabilidad jurídica. En la práctica, la falta de contratos les impide recurrir a los mecanismos de protección laboral o incluso a la vía judicial sin asistencia jurídica adecuada.
«La violencia patronal está normalizada en los campos de Almería», han afirmado desde el SOC, aludiendo a que no es la primera vez que se registran episodios de este tipo. En esta línea, la organización ha cuestionado la actuación de las autoridades. Según señalan, la respuesta policial es muy distinta cuando se trata de sindicalistas o trabajadores que protagonizan protestas. «Si en vez de un empresario, es un sindicalista el que arremete con el coche, ya estaría en el calabozo», afirman desde el SOC, en clara referencia a la doble vara de medir con la que, según el sindicato, se aplica la ley en el ámbito laboral agrícola.
El SOC ha anunciado que se personará en la causa para ofrecer asistencia jurídica penal y laboral a los trabajadores afectados. La organización ha informado de que la acción penal podría girar en torno a los delitos de atentado contra la integridad física y contra los derechos de los trabajadores, aunque esto quedará en manos de los procedimientos judiciales.
El SOC ha solicitado además la intervención del Ministerio del Interior, para que se emitan instrucciones claras a la Guardia Civil en relación con los procedimientos de actuación en los campos agrícolas de Almería. La organización ha destacado que los trabajadores se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, ya que en muchos casos no cuentan con la documentación necesaria para acreditar su relación laboral con las empresas.
«El Ministerio debe dictar órdenes precisas para que los empresarios que utilizan la violencia no puedan marcharse a casa tranquilamente», han insistido desde el SOC, destacando la impunidad de la violencia patronal en los campos de Almería.
Hay antecedentes
El incidente de Níjar se suma a otros precedentes de violencia patronal registrados en los campos agrícolas de Almería. En el año 2018, se denunciaron varios casos de atropellos intencionales en El Ejido, donde trabajadores migrantes que reclamaban sus salarios fueron embestidos por vehículos. Los sindicatos criticaron la falta de actuaciones policiales firmes contra los empresarios responsables.
En otros episodios de esta naturaleza, los trabajadores también han denunciado amenazas, coacciones y agresiones físicas por parte de responsables de fincas agrícolas. Estas situaciones, que en algunos casos no llegan a los juzgados, son recurrentes en un contexto de inseguridad jurídica para los trabajadores. La falta de contratos y la alta rotación de la mano de obra hacen que los jornaleros tengan dificultades para acreditar su relación laboral, especialmente si las empresas niegan la existencia de dicha relación.
A esta situación se suma el papel de los certificados de sostenibilidad como Global GAP, que garantizan la «sostenibilidad» de la producción agrícola, pero no siempre controlan las condiciones laborales de los trabajadores. Para el SOC, esta certificación, exigida por supermercados europeos, sirve para «blanquear» la imagen de las empresas, mientras la realidad en los campos se mantiene inalterada.
El SOC de Almería ha exigido la detención inmediata del empresario y su puesta a disposición judicial, así como la aplicación de medidas cautelares que impidan su huida. Además, ha reclamado la intervención del Ministerio del Interior, con instrucciones claras para la Guardia Civil, de forma que los empresarios que emplean la violencia contra los trabajadores no puedan abandonar la escena sin ser detenidos.
Desde el sindicato se ha insistido en la necesidad de reforzar los controles de la Inspección de Trabajo, no solo en relación con la contratación de los trabajadores, sino también en la prevención de la violencia en los campos agrícolas. Para el SOC, la «violencia patronal» no puede ser normalizada ni tratada con la permisividad que, según su denuncia, se viene mostrando en la actualidad.
