El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España– ha elaborado el estudio titulado Panorama de la fiscalidad local 2024 en el que se analizan los tributos y tasas a través de los cuales se financian las Corporaciones Locales. Un estudio que incluye, entre otras cuestiones, datos sobre recaudación en 2023 (en términos absolutos, por habitante y por cada impuesto) en todas las capitales de provincia, con una media de 705 euros que varían entre los 435 euros de Pamplona y los 1.001 euros de Madrid.
Entremedias, pero a gran distancia de la capital de España, se encuentra Almería, una de las ciudades con menor carga tributaria para el ciudadano: 587 euros, 152 euros menos que la media nacional, procedentes del cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 383 euros; tasas, 157 euros; y otros 45 euros. En el resto de las capitales andaluzas, esta factura asciende a 492 euros en Jaén; 563 en Córdoba; 571 en Málaga; Sevilla, 696; Cádiz, 736; Huelva, 762; y Granada, 800 euros.
La publicación constata que los ayuntamientos obtienen el 66% de sus ingresos por impuestos locales a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), un tributo obligatorio sobre el que tienen una notable capacidad normativa y que se recauda con carácter anual. Al IBI, la factura tributaria local se complementa con otros impuestos de exacción obligatoria: el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).
Por lo que se refiere a las tasas municipales, con las que se recauda el 28,6% de todos los ingresos tributarios de las Haciendas Locales, se observa que muchas gravan los mismos servicios o la misma utilización del dominio, si bien la forma de hacerlo es muy diferente en cada una.
Ante esta situación, los fiscalistas del Consejo General de Economistas reclaman impulsar una reforma de la financiación local en paralelo a la autonómica, que revise la excesiva dependencia fiscal del país de los gravámenes sobre inmuebles, module el impacto del IAE para no pasar de 0 a 100% por unos euros, garantice que la flota de vehículos empadronados en un municipio opere en él y armonicen tasas.
Asimismo, el Consejo insta a impulsar los tribunales económicos provinciales, pues en municipios sin estos órganos los contribuyentes deben recurrir directamente a la vía contencioso-administrativa si no están de acuerdo con una liquidación tributaria local, ya que no pueden acceder primero a la vía económico-administrativa gratuita, lo que a menudo lleva a no litigar por los costes que supone la vía judicial.
