La iniciativa parlamentaria pretendía que la Junta asumiera su responsabilidad en la atención y acogida de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta, en un contexto de presión sobre los recursos de protección de la ciudad autónoma. El rechazo de PP y Vox vuelve a situar en el centro del debate político la solidaridad territorial y la obligación de garantizar los derechos de la infancia, con independencia de su origen.
El Partido Popular y Vox han bloqueado en el Parlamento andaluz una iniciativa de Por Andalucía destinada a facilitar la acogida en la comunidad autónoma de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta. La propuesta buscaba que Andalucía participase en el esfuerzo de atención y protección de estos niños y adolescentes, cuya situación requiere una respuesta coordinada entre las distintas administraciones.
La iniciativa pone sobre la mesa una cuestión que va más allá de las diferencias políticas sobre inmigración: la obligación de las instituciones públicas de garantizar la protección de los menores que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
Ceuta soporta una presión especialmente elevada sobre sus dispositivos de acogida debido a su condición de frontera exterior de la Unión Europea. La llegada de menores sin referentes familiares adultos obliga a mantener recursos específicos de alojamiento, atención educativa, sanitaria y social.
Ante esta realidad, Por Andalucía defendió la necesidad de que las comunidades autónomas colaborasen en la respuesta, evitando que territorios como Ceuta tuvieran que asumir prácticamente en solitario una responsabilidad que debe ser compartida.
Una propuesta con medidas concretas de cooperación y acogida
La proposición no de ley contenía siete apartados y planteaba una respuesta institucional que iba más allá de una declaración de solidaridad.
Entre sus principales propuestas figuraban:
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Establecer un mecanismo permanente de cooperación y coordinación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de Ceuta.
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Asumir la corresponsabilidad territorial en la protección y acogida de menores extranjeros no acompañados procedentes de la ciudad autónoma.
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Colaborar en su traslado y atención cuando así fuera requerido, garantizando el interés superior del menor.
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Promover, junto al Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas, un sistema estable y suficiente de distribución de responsabilidades.
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Rechazar los discursos racistas, xenófobos y de odio contra las personas migrantes y las organizaciones que trabajan en su atención.
El documento también recogía la dimensión de la emergencia humanitaria. Según los datos incorporados por Por Andalucía, a finales de agosto Ceuta tenía identificados 1.478 menores extranjeros no acompañados, una cifra muy superior a su capacidad ordinaria de acogida.
Un convenio de colaboración entre Andalucía y Ceuta que ya está vigente
Uno de los aspectos más significativos de esta controversia es que Andalucía y Ceuta ya disponen de un instrumento formal de cooperación.
El 11 de enero de 2024 ambas administraciones suscribieron un convenio para coordinar el traslado de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en situaciones de contingencia migratoria. El acuerdo, con una vigencia inicial de cuatro años, contempla expresamente la derivación de menores desde Ceuta a Andalucía y establece el compromiso de ambas administraciones de realizar las actuaciones necesarias para que la Junta asuma su tutela.
Por tanto, la iniciativa de Por Andalucía no planteaba partir de cero, sino reforzar y hacer efectiva una colaboración institucional que ya cuenta con respaldo documental y que tiene vigencia hasta enero de 2028, salvo modificación o extinción anticipada.
El argumento del PP: rechazo al planteamiento político
Durante el debate parlamentario celebrado el 13 de octubre en la Comisión de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, los representantes del Partido Popular y Vox defendieron posiciones contrarias a la iniciativa.
La portavoz popular, María Isabel Lozano, justificó el voto negativo argumentando que su grupo no compartía el planteamiento político de Por Andalucía. Aseguró que el rechazo no suponía renunciar a la solidaridad con Ceuta, la protección de los menores ni la cooperación entre administraciones, y reclamó que el Gobierno central asumiera sus competencias y aportara los recursos necesarios.
Por su parte, la representante de Vox, María Cristina Peláez, utilizó durante su intervención expresiones como «invasión» para referirse a la situación migratoria y vinculó la llegada de personas migrantes con problemas de inseguridad y delincuencia.
La portavoz de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez Ruz, respondió denunciando que se estuviera presentando como una amenaza a niños y niñas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y necesitan protección.
La votación terminó con siete votos favorables y once en contra, sin abstenciones. Los votos contrarios correspondieron a los grupos Popular y Vox.
Una cuestión de derechos de la infancia que no debería depender de la confrontación política
El rechazo parlamentario vuelve a poner de manifiesto las dificultades para alcanzar acuerdos sobre la atención a los menores migrantes no acompañados, incluso cuando existen convenios de colaboración entre las administraciones implicadas.
La protección de la infancia no puede quedar subordinada a las diferencias partidistas ni convertirse en un instrumento de confrontación política. Los menores que llegan solos a nuestro país son personas que necesitan alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, educación y protección jurídica, con independencia de su procedencia o situación administrativa.
La responsabilidad de las administraciones debe orientarse por el principio del interés superior del menor, reconocido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y en la legislación española de protección de la infancia.
La votación del Parlamento andaluz deja una conclusión política evidente: PP y Vox han impedido que prospere una propuesta que reclamaba una mayor implicación de Andalucía en la acogida de menores procedentes de Ceuta. Y lo han hecho mientras el Gobierno autonómico mantiene su discurso de solidaridad con la ciudad autónoma y reivindica la cooperación institucional.
La solidaridad, sin embargo, necesita algo más que declaraciones. Requiere recursos, coordinación y voluntad política para que ningún niño o niña quede desprotegido por haber llegado a un territorio cuyos recursos de acogida se encuentran desbordados.
