Los juzgados de toda España registraron 1.782 procedimientos por okupación de viviendas durante los nueve primeros meses del año, según datos divulgados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Solamente en el tercer trimestre del año 2024, el aumento fue del 55% en términos interanuales, lo que confirma que los problemas de inseguridad jurídica que afectan a los propietarios siguen creciendo a un ritmo vertiginoso.
En el acumulado de los tres primeros trimestres del año 2024, la comunidad autónoma que suma un mayor volumen de procedimientos es Cataluña, con un total de 366. También son malas las cifras de Andalucía, con 326 denuncias, o Comunidad Valenciana, con 334. Juntas, estas tres regiones suman 6 de cada 10 denuncias por okupación. En las provincias andaluzas, durante los primeros nueve meses del año, estos registros fueron de 32 okupaciones en Almería; Cádiz (63); Córdoba (6); Granada (51); Huelva (22); Jaén (18); Málaga (59); y Sevilla (75).
Madrid registró un total de 138 casos, una cifra que supone el 7% del total acumulado de enero a septiembre, menos de la mitad de lo que le correspondería si tomamos en cuenta su población, mientras que en Castilla-La Mancha se dieron 111 episodios. Canarias, con 93, y Baleares, con 79, figuran también entre los territorios con más casos. En cambio, las cifras más bajas se dieron en Aragón (16), Cantabria (15), Navarra (7) o La Rioja (5).
El tiempo de espera medio para zanjar en los tribunales una okupación ronda los 23 meses, una cifra que se ha duplicado bajo el gobierno de Pedro Sánchez y que llega a alcanzar tiempos de espera superiores a los 35 meses en algunas comunidades autónomas. La falta de celeridad de la justicia ha invitado a muchos propietarios a negociar directamente con los okupas o a recurrir a empresas de seguridad especializadas en el desalojo de inmuebles tomados por este tipo de delincuentes.
