El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud, atribuyendo a los poderes públicos la obligación de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, servicios sanitarios necesarios y, según la legislación vigente, una prestación asistencial de calidad.
Desgraciadamente, ese derecho se viene agrietando alarmantemente por el deterioro que se está produciendo en la sanidad pública andaluza, siendo más acusado en la atención sanitaria de zonas con diseminación poblacional como los pueblos de Níjar.
Deterioro y malestar no frenado con declaraciones rimbombantes de responsables de la sanidad en Andalucía que, con los peores datos a nivel nacional, alardean de estar incrementando mucho la inversión en sanidad en los últimos años. Callan que casi un 50% de esos incrementos van a parar a empresas privadas a través de convenios o conciertos privados (en esa denominada eufemísticamente colaboración público privada), en lugar de reforzar la sanidad pública.
La realidad, más alarmante en los pueblos del Parque Natural de Cabo de Gata, se viene manifestando en las costuras abiertas de una atención sanitaria cuyas insuficiencias sufren los pacientes en el día a día con escasez de profesionales y medios sanitarios, cierres de consultas y citas desesperantes en atención primaria, centros de salud inadecuados, listas de espera alarmantes en especialidades, etc.
La propaganda al igual que las estadísticas lo aguantan todo y, a veces, la desfachatez no tiene límites. Como, sin ir más lejos, las declaraciones del responsable territorial de Salud de la Junta diciendo: “que la asistencia sanitaria en Níjar está perfectamente atendida”, “que las citas no superan los cuatro días” y que “las disfunciones son especialmente creadas por el absentismo de los pacientes”. Algo que desmienten los datos y la práctica de la mayoría de los vecinos que claman por recuperar la atención primaria que tenían y que se les ha arrebatado.
Ya lo ha dicho el ínclito Delegado Territorial de Salud de la Junta: Nos tendremos que acostumbrar a otro modelo de atención sanitaria. Un modelo de atención primaria de pura enfermería (sin médicos), con un deterioro en la atención primaria de la sanidad pública (y más en ámbitos rurales) que induce a recurrir a la sanidad privada y va dando pasos a la transferencia permanente de recursos públicos a la privada en detrimento de la pública.
No se trata de polarización interesada, filias o fobias ideológicas. Se trata de confrontar modelos que nos afectan y de no perder derechos. De poner blanco sobre negro de quienes defienden el modelo de un Estado de mínimos, donde el mercado provee los servicios públicos. Y todos sabemos como acaban los derechos cuando están al albur de los mercados, en los que prima el negocio y los bienes o servicios los tiene quien puede pagarlos
Es evidente que el deterioro que sufre la sanidad pública viene incrementando los beneficios económicos de la sanidad privada. Un modelo de sanidad, la privada, en el que se antepone la rentabilidad del negocio por delante del derecho a la salud, y que se viene reforzando en los últimos años sobre el debilitamiento de un modelo de sanidad pública de acceso universal, equitativo y cuyo objetivo es mejorar la salud y el bienestar de la población.
Defendamos el derecho a una salud accesible para todos con una atención asistencial de calidad. No dejemos que se siga fagotizando nuestro sistema público de sanidad y quede como el residuo para atender a los pacientes más complejos (los que conllevan un mayor gasto) y acabe siendo un sistema de beneficencia. Por eso…
¡Defiende tu sanidad pública! ¡Defiende tu derecho a una atención sanitaria digna y de calidad! ¡Súmate a la manifestación del 8 de junio! ¡Tu salud está juego!
