Con “prácticamente todas las Administraciones utilizan este recurso”, la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, justificaba que en los últimos cinco años y medio la Junta de Andalucía ha aumentado en unos 700 los puestos de libre designación, según publica el diario ABC y denuncian los sindicatos. Funcionarios de carrera que sin concurso de mérito alguno, tan sólo de afinidad al Gobierno, han accedido a puestos de responsabilidad y jefaturas de servicio únicamente por razones de idoneidad y confianza en lugar de currículo, experiencia y antigüedad.
Y esto ocurre en Andalucía a pesar de que el programa electoral del PP regional de 2018 recogía el compromiso de su líder, Juanma Moreno, de aprobar un Estatuto del Empleado Público andaluz para reconocer “como valores principales la igualdad, publicidad, merito, capacidad y legalidad con el finde evitar contrataciones discrecionales”. Aún más, sosteniendo que “la libre designación debe dejar de ser en Andalucía la forma más común de provisión de puestos de mayor categoría y responsabilidad”. En efecto, más parece que la retórica desaparece cuando los lenguaraces acceden al Gobierno y la cantera donde mayoritariamente se nutre la plantilla de cargos directivos elegidos a dedo es la de afines al partido. Una relación de enchufados seleccionados bajo el único criterio de su cercanía al partido y cuya opacidad institucional hace difícil conocer su número exacto.
Quizás haya una explicación, y no la dada por la consejera portavoz precisamente, pero al no ofrecerlas convincentemente y responder a la demanda de los sindicatos de volver a asignar estos cargos a través de concurso de méritos, los ciudadanos tienen buenas razones para pensar que, con semejante sistema de promoción, la Administración andaluza es lo más parecido a un chiringuito autonómico. Es decir, el paraíso burocrático e institucional creado por una clase política, empeñada en que los contribuyentes paguen la factura de sus excesos, mientras los políticos siguen cómodamente instalados en medio de la refriega. El Gobierno de Andalucía tiene todo el derecho a escoger a sus consejeros y cargos de confianza, en efecto, mas la gestión de una Administración pagada por todos debe estar en manos de gestores competentes de demostrada valía. Los cargos de quienes hacen bien su trabajo deben estar protegidos y su continuidad asegurada más allá de procesos electorales y del color del partido que gobierna en cada momento.
