Tres consumados lenguaraces – Rocío Díaz, Oscar Puente y Carolina España- nos han ofrecido esta Semana Santa una pasión que no transcurre por calle y plazas, ni tampoco precisa de pasos, velas y capuchones. Menos recogidos que los feligreses que contemplan el desfile de las procesiones, los parlanchines han protagonizado un desolador debate plagado de reproches mutuos y alejados de las inquietudes cotidianas de una sociedad que, con razón, cada día cree menos en sus representantes políticos. La contienda, como ha venido informando LA CRÓNICA DEL PARQUE, comenzó cuando la consejera de Fomento del Gobierno andaluz, Rocío Díaz, anunció que el próximo 1 de julio el transporte a los menores de 14 años en Andalucía, 1,2 millones de jóvenes en la región, sería gratuito.
¿El pecado?, no aludir en la cita en ningún momento que dicha medida estaba sufragada en su totalidad por fondos del Estado español. Una omisión que ha llevado al ejecutivo de Pedro Sánchez, vía Ministerio de Transportes, a no autorizar estos fondos, al entender que incumple el Decreto que exige que en cualquier actividad de comunicación o difusión de iniciativas sufragadas por el Gobierno del Estado, se le cite expresamente, lo que no ocurrió en este caso.
“Una chulería del ministro Óscar Puente que va a encontrar su respuesta y contundencia de los nueve millones de andaluces y de todo el gabinete jurídico de la Junta”, respondió desatada poco después la consejera de Hacienda, Carolina España. La también portavoz del Gobierno andaluz aseguró que la Junta estudiará todas las acciones legales posibles ante una decisión que consideran «injusta, caprichosa y arbitraria«, anticipando igualmente que su Administración no asumirá la gratuidad del transporte de los menores andaluces de 14 años, si el Ministerio no paga la ayuda, como sí lo hace en otras comunidades. Mientras, emprenderá “acciones legales contra el ministro” responsable de la decisión, además de otras ofensivas vía Senado.
Asiste la sociedad, entre incrédula y resignada, al triste espectáculo que cada día ofrecen sus representantes políticos, empeñados en convertir la actividad pública en un ring de boxeo donde priman el golpe bajo y la descalificación fácil. Una actitud, indigna e irresponsable, que erosiona de manera progresiva la confianza pública en las instituciones y sus representantes. Políticos que parecen haber olvidado que su razón de ser es el servicio público y no el espectáculo mediático, la lucha de poder o la supervivencia electoral.
La ciudanía no vive en las burbujas ideológicas en las que parecen instalados ciertos dirigentes, sino en calles, barrios y pueblos donde los problemas requieren soluciones tangibles y urgentes. Dejen ya de utilizar a la población como rehenes de sus enfrentamientos y de articular discursos plagados de reproches mutuos, carentes de propuestas realistas. Una especie de carrera para señalar quién carga con más responsabilidad en el deterioro del bienestar social, como es el caso de las subvenciones al trasporte gratuito de los menores de 14 años en Andalucía.
Los ciudadanos demandan de sus políticos soluciones concretas y eficaces frente a las dificultades cotidianas, en lugar de arrojarse basura todos los días. Un cruce constante de acusaciones que no hacen más que subrayar la abismal separación existente entre políticos y la ciudadanía, consecuencia de una creciente soberbia política y de una tendencia a observar la realidad desde despachos alejados de la calle.
