Salarios ínfimos, jornadas laborales eternas, ausencia de contrato y escaso (o nulo) derecho a la sindicación. Son muchas las severas y flagrantes violaciones de los derechos humanos que sufren los trabajadores en la agricultura intensiva andaluza denunciados por la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en su informe “Frontera Sur 2025”. Un testimonio que señala que más de 7.000 inmigrantes viven en los asentamientos de infraviviendas de la provincia de Almería, muchos de ellos en el término municipal de Níjar, donde el 47,19% de los vecinos son inmigrantes, que no pueden acceder a otra alternativa habitacional. La cifra es solo aproximada pues, al no existir censo oficial, el número proviene tan sólo de los cálculos de las organizaciones no gubernamentales.
El informe también subraya que lejos de emprender políticas inclusivas y de solidaridad social que tengan en cuenta a estos ciudadanos, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Níjar, incapaces de erradicar una realidad sangrante, “los abandonan a su suerte”, a vivir en la cochambre. El penúltimo eslabón de la miseria al que se une también el racismo social que se respira en algunas instalaciones y centros de trabajo de estos territorios.
Una lamentable realidad entre los trabajadores que han contribuido con su labor en los invernaderos de plástico — Almería junto a Huelva concentran casi el 88% de la superficie andaluza cultivada con ese método— a un pujante sector hortofrutícola que factura entre ambos territorios alrededor de 5.000 millones de euros.
En pleno siglo XXI, la sociedad española no puede resignarse a que esta vulneración de derechos humanos siga formando parte del paisaje. Verse obligado a vivir en esas condiciones de exclusión y carencias básicas, con plena conciencia de las administraciones implicadas, resulta intolerable en la España actual, que no puede permanecer impasible ante tamaña iniquidad..
