El mar de plástico de la provincia de Almería alberga no sólo una de las industrias agrícolas más prospera de Europa, también a miles de inmigrantes “viviendo” en condiciones de extrema precariedad. Trabajadores fundamentales para la producción agrícola que residen, junto a sus familias en algunos casos, en chabolas sin acceso a servicios básicos elementales como electricidad y agua potable. Una lamentable situación que evidencia las difíciles condiciones de vida a las que se enfrenta este colectivo.
Uno de los municipios en España que sufre tamaña situación de vulnerabilidad lo tenemos bien cerca. Níjar y sus barrios son una muestra bien visible e inequívoca de estos asentamientos ilegales, donde malviven miles de personas de diferentes etnias. Unas condiciones infrahumanas e indignas, impropias de un país que figura entre los más ricos y desarrollados de Europa.
Los trabajadores migrantes desarrollan un trabajo en el que abundan salarios ínfimos, jornadas laborales eternas, malas condiciones de salubridad y otras flagrantes violaciones de derechos básicos. Un panorama migratorio que revalida la inutilidad de nuestros políticos, incapaces también ahora de alcanzar acuerdos para la reubicación de menores migrantes en los distintos territorios del Estado.
El Gobierno andaluz puso en marcha hace unos meses un plan interinstitucional tanto para la erradicación de estos asentamientos ilegales e infraviviendas, como para la inclusión social de personas residentes en las zonas agrícolas de Andalucía (Plan EASEN), sin que hasta la fecha haya arrojado resultados concretos.
Según comunica el Ayuntamiento de Níjar, con la reciente visita a esta localidad del director general de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Jesús Toronjo, se da por concluido el periodo de consultas y recogida de aportaciones al plan iniciado hace meses en Huelva por la Administración autonómica. Una jornada de trabajo en la casa consistorial nijareña que también contó con la presencia de diversas ONGs y representantes de la patronal almeriense.
Una realidad sangrante cada vez mayor en Almería y Huelva -las dos provincias andaluzas, no las únicas, donde más impacta esta triste realidad- que pasa obligatoriamente por una acción coordinada entre todas las administraciones, pero también de los empresarios que emplean a los ocupantes de estos poblados.
Un problema complejo, en efecto, pero medidas como facilitar a los trabajadores más y mejores lugares donde alojarse dignamente no pueden prolongarse indefinidamente. Como también garantizar que los migrantes que residen en estos asentamientos pueden empadronarse sin trabas burocráticas -solo uno de cada cuatro lo está en Almería-. La sociedad española no puede permanecer impasible y resignarse a que semejante transgresión de los derechos humanos más elementales forme indefinidamente parte del paisaje.
Un panorama donde factores cruciales, como la economía, se diluyen ahora ante lo identitario, apartando a una parte de la población tras determinar que estas personas, por haber nacido en otro sitio, tienen menos derechos o no se merecen otra vida mejor.
