En los últimos meses es continuo el rumor del incremento de la inseguridad por la presencia de las denominadas “narcolanchas” en las costas del Cabo de Gata. Uno de los sucesos que generó mayor alarma social fue el ocurrido a finales de mayo, con una espectacular persecución de la Guardia Civil desde las playas del Cabo de Gata hasta Roquetas de Mar, en la que participaron un helicóptero y varias patrulleras de la benemérita. La persecución, que ocurrió a plena luz del día, pudo ser vista por numerosos bañistas y embarcaciones que se encontraban en la zona.
Finalmente, la embarcación pudo ser interceptada y se practicó la detención de sus tres ocupantes que, supuestamente, estaban implicados en delitos relacionados con el tráfico de drogas. Pero, además de este suceso, en los últimos meses han sido avistadas más de una decena de este tipo de embarcaciones en la costa del Parque Natural.
Según diversos representantes del Gobierno, esta situación se explica por la creciente presión policial contra el narcotráfico en la Costa del Sol y en Cádiz, que obliga a los delincuentes a buscar zonas alternativas para desarrollar su actividad criminal.
Por su parte, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido ha urgido al Gobierno a «pasar de las buenas intenciones a las acciones» en la lucha contra el narcotráfico y ha trasladado que la Guardia Civil «necesita la reposición de efectivos y la dotación de mejores medios» que les permitan hacer frente a las mafias que están operando en nuestro litoral.
Según algunas asociaciones ligadas a Guardia Civil, como JUCIL (Justicia para la Guardia Civil) para garantizar su eficacia en la lucha contra el delito, este Cuerpo de Seguridad necesita 200 agentes más en Almería, así como más y más modernas embarcaciones operativas para su Servicio Marítimo.
Afortunadamente, todavía no ha ocurrido ningún suceso que haya puesto en peligro a la ciudadanía o a los miembros de las fuerzas policiales, pero lo cierto es que la percepción social de inseguridad -que nunca antes había existido- comienza a extenderse en los pueblos de nuestra costa.
A finales de junio, la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, desarrollaron la “Operación Ovidio”, en la que se practicó la detención de 50 personas que supuestamente formaban parte del denominado “Clan de los Lateros”, imputados por los delitos de organización criminal, tráfico de drogas, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contrabando, contra la seguridad colectiva, tenencia ilícita de armas, sustracción de vehículos y blanqueo de capitales.
Según la Guardia Civil, con esta intervención se puede considerar desmantelada la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para el tráfico ilegal en el Mediterráneo.
En la operación se intervinieron numerosos efectos, entre los que destacan más de 700.000€ en efectivo, que se hallaron ocultos en dobles fondos bajo el suelo y tras las paredes de las casas de los líderes de la organización, así como 5 escopetas y 33 vehículos, algunos de ellos de alta gama y un camión cisterna para el transporte de combustible y tractores para el remolque de las embarcaciones.
También se intervinieron 25 embarcaciones dedicadas al establecimiento de combustible, así como seis motos de agua, diez remolques de embarcaciones, siete motores de alta cilindrada y más de 40.000 litros de combustible destinado al aprovisionamiento de narcolanchas, y se ha procedido al embargo de 42 activos inmobiliarios, de 85 vehículos, y al bloqueo y embargo de un total de 52 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras superando un valor total de 5 millones de euros.
Al parecer, esta banda criminal se dedicaba a la obtención, depósito y abastecimiento de grandes cantidades de combustible a embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas e inmigración irregular, mediante embarcaciones recreativas con amarres en los puertos deportivos de Adra y Almerimar, principalmente.
Según fuentes de la Guardia Civil, este grupo criminal se caracterizaba por el uso de la violencia, especialmente con otras organizaciones competidoras, así como contra las gasolineras y contra los vecinos que querían denunciar sus actividades ilegales.
