En los casos ya previstos por la normativa actual, la suspensión de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional se extenderán a lo largo de 2025, según se aprobó en el último Consejo de Ministros de 2024. La prórroga de esta prohibición permitirá a la persona arrendataria solicitar la extensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento de su vivienda, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional.
De esta forma, los inquilinos podrán solicitar la suspensión del lanzamiento y desahucio de su hogar, siempre que acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica en los supuestos recogidos por la ley y, previo informe de los servicios sociales, los juzgados podrán acordar la suspensión del lanzamiento si se considera acreditada tal situación económica. Acreditada la misma, y antes de que finalice el plazo máximo de suspensión, las administraciones públicas competentes deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna.
Además de la continuación de la medida, el ejecutivo ha anunciado, también, la extensión hasta el 31 de enero de 2026 de la posibilidad de que el arrendador o propietario solicite compensación en los términos previstos por el real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, tal y como han informado distintas agencias.
