Reducir las listas de espera de dependencia resulta una promesa electoral recurrente, y en Andalucía el pasado año se incluía en los programas de cada partido. Sin embargo, concluida la propaganda, finiquitado el empeño. Coincidiendo con los 18 años de la aprobación de la Ley de Dependencia en el Congreso, el Observatorio de la Dependencia ha publicado un informe, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales a partir de datos del IMSERSO, que sitúa a Andalucía como el territorio del Estado, tras Cataluña (103.055), con más fallecidos mientras esperaban una resolución sobre la dependencia: 83.254 muertes entre enero de 2017 y noviembre de 2024, el 21,4% del total nacional.
Le siguen la Comunidad Valenciana, con 37.481 fallecidos, Madrid ( 26.228) y Canarias (23.351). De los muertos en Andalucía, 46.207 estaban pendientes de recibir la prestación, mientras que los 37.047 restantes aguardaban el reconocimiento del grado de dependencia. De la misma forma, el informe señala que el tiempo de tramitación de un expediente de dependencia es de 618 días en Andalucía, el mayor de todos, frente a los 330 días de media nacional. A este tiempo, subrayan, hay que añadir el que se tarda en hacer efectiva la prestación o servicio concedido.
El Observatorio de la Dependencia atribuye el número de fallecidos en lista de espera a los procedimientos burocráticos, las “cantidades ridículas” de las prestaciones, “baja intensidad de los servicios”, e “imposibilidad de compatibilidades”, dentro de un sistema “low cost poco eficaz” para atender a las personas en situación de dependencia. A esto, remarcan, se suma una “financiación deficiente” y “desigualdades territoriales”. El Observatorio de la Dependencia también considera “muy preocupante” que cada vez se reduzca más el gasto por persona atendida. Según apuntan, el gasto era de 8.145 euros en 2010 y se ha reducido a 5.982 euros en 2024, pese al incremento de todos los costes de los servicios.
Dieciocho años después de haberse aprobado la Ley de Dependencia en España, su aplicación sigue lastrada por las carencias presupuestarias y lo que es peor: el número de personas que no reciben la prestación, en lugar de reducirse, aumenta cada vez. Una situación inaceptable que en el caso de la Comunidad de Andalucía, uno de los más graves, revela la incapacidad crónica de su Gobierno para garantizar la igualdad de acceso de los andaluces a unas prestaciones a las que tienen perfecto derecho. Una pésima gestión, especialmente lamentable cuando se trata de las familias más vulnerables que no tienen recursos para atender a sus dependientes en casa, ni pueden adelantar el dinero necesario para internarles en una residencia. No se puede presumir de Estado de derecho si las leyes no se cumplen y quienes las quebrantan son precisamente las Administraciones públicas.
